Estado Chileno quiere administración de educación pública

EFE: La presidenta de
Chile, Michelle Bachelet, envió este lunes al Legislativo un proyecto de ley
que desvincula la administración de la educación de los municipios, sistema
introducido en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Con esta medida, el
Gobierno de Chile pretende devolver al Estado “la responsabilidad de
administrar la educación pública para asegurar que esta sea de calidad”,
explicó Bachelet en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.
La administración de la
educación, que hasta 1986 dependía del Ministerio de Educación de Chile, fue
traspasada a los municipios en los cuales estaban ubicados los centros.
En ese entonces las razones
esgrimidas para iniciar dicho proceso fueron variadas pero la principal de
ellas fue la descentralización del servicio educativo fiscal, que a partir de
entonces se asignó a los municipios.
Ello propició que los
municipios rurales, con pocos recursos, tuvieran dificultades para financiar
los centros docentes y su profesorado, lo que impactó directamente en su nivel
educativo.
Asimismo, desde ese
entonces el Estado pagó a las escuelas de acuerdo a la asistencia de los
alumnos, lo que también jugó en contra de los municipios rurales, donde con
cierta frecuencia los alumnos faltan a clase para ayudar a su familia en las
tareas del campo.
La municipalización de la
enseñanza dio además origen a los colegios particulares subvencionados,
pertenecientes a empresarios que recibían directamente la subvención estatal y
que en muchos casos se transformaron en negocios para sus propietarios, que
además comenzaron a cobrar copagos a los padres de los alumnos.
La reforma educativa de
Bachelet no termina con estos establecimientos, pero contiene mecanismos para
impedir el lucro; los propietarios pueden optar entre acogerse a las nuevas
normas o transformarse en particulares pagados.
Durante la ceremonia
realizada este lunes en el Palacio de La Moneda, sede presidencial del
Gobierno, Bachelet destacó que la iniciativa completará la “construcción
institucional de un sistema educativo justo, inclusivo y de calidad”.
“Con el envío al Congreso
de este proyecto de ley, estamos forjando la última gran pieza de la reforma
que estamos impulsando en el nivel escolar”, añadió Bachelet, tras recordar el
“gran paso” que se dio el año pasado con la aprobación de la Ley de Inclusión y
el inicio de la tramitación de la nueva Política Nacional Docente.
En eso contexto, la
mandataria subrayó que una vez se apruebe la ley la calidad de las escuelas y
liceos dejará de depender de “cómo le vaya a cada municipio”, para convertirse
en responsabilidad de todo el país.
“Entre todos vamos a dar el
soporte necesario para garantizar que en cada rincón de Chile exista una
propuesta de calidad”, agregó la presidenta, quien recordó que la educación es
un “derecho común para todos los ciudadanos”.
La iniciativa creará una
Dirección Nacional de Educación Pública, que será la encargada de coordinar y
supervisar la red estatal de educación y que se subdividirá en 67 servicios
locales, encargados de la gestión territorial.
Dichas direcciones
liberarán a las escuelas de sus actuales obligaciones de gestión
administrativa, para poder centrarse en los procesos educativos y velarán para
que existan las condiciones y recursos que garanticen la seguridad y calidad de
la educación de las escuelas.

COMPARTE EN TUS REDES