Las asociaciones agremiadas en la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), hacen del conocimiento público que la implementación de las reformas fiscales, las reformas del INSS, la iliquidez, la disminución del financiamiento agrícola, los bajos precios internacionales, las constante alzas del precio en los combustibles y la energía eléctrica, ponen en peligro al sector agropecuario, el cual representa el 14 % del PIB, genera el 31% del empleo total y representa cerca del 70 % del total de las exportaciones.
En un comunicado emitido por UPANIC, reiteró que las reformas tributarias de carácter eminentemente recaudatorio, no incentivan la economía y representan un incremento de hasta un 20% en los costos de producción en concepto de pagos de tributos como el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), el Derecho Arancelario a la Importación (DAI) y el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), para la adquisición de una amplia gama de agroquímicos.
Entre ellos (insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos, fertilizantes, semillas) productos veterinarios, así como importaciones de materia prima, bienes intermedios, repuestos, accesorios para maquinarias y equipos agrícolas, siendo la población y el productor agropecuario los principales afectados.
Estas medidas, sin importar el tamaño de productor, constituyen un incremento a la estructura de costos en todos los eslabones de la cadena de valor del sector agropecuario, afectando directamente el precio de la canasta básica, obligando al consumidor adquirir los productos con un alza superior al 8%, en concepto de IVA.
Por otro lado, la disponibilidad de financiamiento es mínima, con mayores exigencias y con un incremento en la tasa de interés, las labores de preparación de tierra están retrasadas y algunos pequeños productores solo sembrarán para el autoconsumo, la cantidad de insumos a utilizar se verá drásticamente reducida y el empleo en el sector rural continuará disminuyendo por la migración e inseguridad en el campo.
Ante esta incertidumbre, ningún sector dispone de un plan concreto de proyecciones de siembra, lo cual pone en riesgo un valor de exportaciones cercana a 1,800 millones de dólares.
Estas condiciones constituyen un eminente riesgo para el ciclo agrícola 2019/2020 e incidirá en los niveles de productividad del sector, así como la generación de alimentos, afectando directamente la seguridad alimentaria del país.
Por lo antes expuesto, demandamos al Gobierno de Nicaragua, la derogación de dichas reformas, las cuales incentivan el contrabando de mercancías, provocan la descapitalización del sector agropecuario y atentan al desarrollo económico del país, destaca el comunicado.
