El gobierno de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que amenaza a los usuarios de internet y las redes sociales, al periodismo electrónico y a toda forma de comunicación social, al imponer 22 nuevos tipos de delitos que incluyen la divulgación de presuntas noticias falsas o «fake news», destaca en una nota Trinchera de la Noticia.
El proyecto titulado «Ley Especial de Ciberdelitos» fue presentado este lunes ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional con las firmas de los miembros de la bancada del FSLN, encabezada por la del diputado Edwin Castro.
La ley propone la persecución de delitos informáticos, pero incluye artículos que afectarán las libertades individuales, en el campo cibernético, y el de la comunicación social al imponer un concepto de lo que es «noticia falsa» o fake news.
Según los proponentes, el objeto de la ley «es la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en la ley».
Sin embargo, introduce 25 definiciones que afectan no sólo el pretendido terreno a ser protegido por la ley, sino que emplaza la actividad de los ciudadanos y grupos de la sociedad en las redes sociales, correo electrónico y páginas web.
El proyecto «define el tipo penal de ciberdelitos: Acciones u omisiones, típicas, antijurídicas, continuas o aisladas de carácter penal, cometidas en contra de personas naturales y/o jurídicas, utilizando como método, como medio o como fin, los datos, sistemas informáticos, tecnologías de la información y la comunicación y que tienen por objeto lesionar bienes jurídicos personales, patrimoniales o informáticos de la víctima».
También define el «fraude informático en todas sus modalidades» que incluye «espionaje; violación a la seguridad; violación y hurto de los medios informáticos y manipulación de los mismos».
El proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional establece en el artículo 30 la nueva forma de penalización para lo que llaman «Propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».
El artículo establece que: «Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa».
«Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y ciento cincuenta a cincuenta días multa».
«Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa».
Este artículo deja en evidencia las intenciones del gobierno que en los últimos años ha acusado a la oposición y a los periodistas independientes de fomentar un «discurso de odio» y de divulgar informaciones que no tienen el sello oficial.
El gobierno incluye en este artículo nos solo a los usuarios de redes sociales o medios de información social -escritos, televisados, radiales, canales de cable, virtuales, entre otros- sino que a los grupos de monitoreo político, salud, social, derechos humanos, entre otros.
En el artículo 13, el régimen introduce el delito de «Espionaje informático» estableciendo que «Quien indebidamente obtenga datos personales sensibles o información pública reservada contenida en un sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes, será sancionado con prisión cie cinco a ocho años y trescientos a seiscientos días multa». Aquí encontrará el texto de la propuesta de ley:
