Fuente FDA.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una norma propuesta que tiene como objetivo mejorar la inocuidad alimentaria de los productos agrícolas frescos.
Propone exigir a las fincas que realicen evaluaciones exhaustivas que les ayuden a identificar y mitigar los riesgos en el agua utilizada para cultivar los productos agrícolas frescos.
Este es el último paso de la agencia en la implementación de la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria de la FDA (FSMA, por sus siglas en inglés), propone reemplazar algunos de los requisitos existentes para el agua de uso agrícola en la Norma de la Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos (PSR, por sus siglas en inglés).
“Ha habido demasiados brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos posiblemente relacionados con el agua de uso agrícola utilizada pre-cosecha en los últimos años, incluyendo el agua procedente de las tierras cercanas a las fincas de productos agrícolas frescos. Como agencia del gobierno federal encargada de proteger la salud pública, la FDA se ha comprometido a aplicar medidas modernas y eficaces, basadas en la ciencia, destinadas a evitar que estos brotes se produzcan en el futuro», dijo Frank Yiannas, comisionado adjunto de Política y Respuesta Alimentaria de la FDA.
«La norma propuesta es la medida más reciente tomada por la FDA para seguir trabajando en la aplicación de las disposiciones claves de la FSMA. Si se finaliza, estamos seguros de que esta propuesta dará lugar a un menor número de brotes en los EE.UU. relacionados con los productos agrícolas frescos, así protegiendo la salud pública y salvando vidas. Esta norma propuesta es un paso monumental hacia la mejora de la inocuidad alimentaria de las frutas y hortalizas que los estadounidenses sirven a sus familias todos los días, y la FDA espera participar con las partes interesadas en los cambios propuestos».
La norma propuesta, si se finaliza, cambiaría ciertos requisitos de agua de uso agrícola utilizada antes de la cosecha para los productos agrícolas frescos y las fincas sujetas a la PSR, excepto las operaciones durante los germinados. Las principales disposiciones de la norma propuesta incluyen:
Un requisito para que las fincas gestionen la calidad de su agua de uso agrícola basándose en los resultados de una evaluación exhaustiva de los sistemas («evaluación del agua para uso agrícola») que sea adaptable a la amplia variedad de fuentes y usos del agua, y a los futuros avances científicos.
Una evaluación anual por parte de las fincas de su agua de uso agrícola utilizada antes de la cosecha, con el fin de identificar cualquier condición que pueda introducir peligros en los productos cubiertos por la norma o en las superficies que entran en contacto con alimentos.
Sobre la base de estas evaluaciones, las fincas determinarían si las medidas correctivas o de mitigación son razonablemente necesarias para reducir el potencial de contaminación.
La evaluación incluiría una valoración del sistema de agua de la granja, las prácticas de uso del agua en la agricultura, las características de los cultivos, las condiciones ambientales y otros factores relevantes, como los resultados de cualquier prueba realizada para informar la evaluación.
Un requisito de que las fincas implementen medidas de mitigación aceleradas para los peligros relacionados con ciertas actividades asociadas con los terrenos adyacentes y cercanas, para proteger la calidad del agua utilizada en los productos agrícolas frescos.
Esto se incluye tras varias investigaciones de brotes recientes en productos agrícolas frescos que revelaron posibles vías de contaminación, incluyendo actividades y condiciones, como el pastoreo de animales y la presencia de ganado y fauna silvestre en terrenos adyacentes o cercanos a las fincas de productos agrícolas frescos o sus fuentes de agua.
La eliminación de ciertos requisitos de análisis del agua de uso agrícola antes de la cosecha y su reemplazo por las evaluaciones del agua de uso agrícola identificadas anteriormente. Las revisiones propuestas tienen por objetivo responder a las preocupaciones de las partes interesadas sobre la complejidad y los problemas de implementación práctica, mientras se protege la salud pública.
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