El Consejo de la Unión Europea anunció este lunes, las sanciones contra seis altos funcionarios del gobierno, dos asesores presidenciales y cuatro comisionados de la Policía Nacional.
Así mismo urgió al gobierno restablecer las libertades civiles en el país, cumplir los acuerdos del diálogo nacional de marzo del 2019 y negociar lo más pronto las reformas electorales.
En una declaración del alto representante de la UE, Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, denunció que «En los últimos meses, no se han logrado avances tangibles en materia de democracia y derechos humanos en Nicaragua» y que continúa «La represión ejercida por las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al Gobierno contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica».
Agrega que por estas razones «el Consejo de la UE decidió hoy incluir a seis personas en la lista de personas naturales y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas, a saber, la prohibición de viajar y la inmovilización de fondos y recursos económicos.
“Estas medidas están dirigidas específicamente a personas responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y no están diseñadas para dañar a la población nicaragüense», dijo Borrell.
Ellos son los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau, encargado de los asuntos de «seguridad nacional» del gobierno señalado de estar «directamente implicado en la toma de decisiones en materia de seguridad nacional y en el establecimiento de las políticas restrictivas llevadas a cabo por el Estado de Nicaragua contra manifestantes, representantes de la oposición y periodistas a partir de abril del 2018, y el responsable de ello».
La exministra de Salud, Sonia Castro González, ahora asesora presidencial en la materia, a quien acusan de ser «responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática, en especial dificultando el acceso a la asistencia médica de urgencia a los civiles heridos que participaban en manifestaciones y ordenando al personal hospitalario que informara sobre los manifestantes que habían sido conducidos por la policía al hospital».
Francisco Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) desde el 23 de agosto de 2018 y antiguo subdirector general de la PNN. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua, en especial por estar al mando de fuerzas policiales que han ejercido la violencia contra civiles mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas, entre otros.
Luis Pérez Olivas, comisionado general y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) del centro penitenciario «El Chipote». Responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso extensivo de la fuerza, el maltrato de los detenidos y otras formas de trato degradante.
Ramón Antonio Avellán Medal, subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y antiguo jefe de policía de Masaya. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua, en especial coordinando la represión de manifestantes en Masaya en 2018.
Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP). Ha participado directamente en la aplicación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua, en particular en Managua. En este contexto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua.
