La administración de Pedro Sánchez no informó los detalles del pedido, similar a otros hechos en el pasado y que fueron usados por el gobierno de Daniel Ortega para reprimir a los manifestantes en los años 2018 y 2019.
La decisión está incluida en el informe remitido al Congreso de España por la Secretaría de Estado de Comercio del gobierno del PSOE.
En el documento se incluyen además media docena de vetos a la venta de armas para gobiernos en el mundo como «la venta de 66 granadas lacrimógenas a la policía de Tailandia. La venta de 20 pistolas a Líbano, balas para Bielorrusia, un paracaídas para Pakistán y máquinas de doble uso para Siria o China.
En cambio, se autorizó la exportación de portamorteros para Ucrania por 1,3 millones y de sensores y cámaras térmicas por 8.800 euros para la Policía de Hong Kong, que ha reprimido las movilizaciones democráticas en la excolonia», señala El País.
El pedido de los cartuchos de escopeta para la Policía, una de las más usadas por la sancionada organización, fue por un monto de 150,000 euros que no aparecen en el presupuesto general de la república del 2020.
A la mitad del año y en medio del avance de la pandemia en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega no ha reformado el presupuesto, aprobado a finales del 2019, y que contiene un hueco fiscal de más de $300 millones de dólares, que habría «crecido» por los efectos del Covid-19 desde marzo pasado.
