Crimen organizado destruye biodiversidad en Panamá

Panamá, 13 nov (PL) Una
intrincada selva del norte panameño es presuntamente utilizada para el lavado
de dinero mediante minería ilegal, lo que además, interrumpe hoy el Corredor
Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, conectado con el ecosistema de
Centroamérica.
Una investigación del diario
local La Prensa, denunció aquí que las invasiones de tierras y la minería
ilegal que practican extranjeros en la zona boscosa de la norteña provincia de
Colón, destruyen el hábitat de cientos de especies de flora y fauna, y con ello
la conexión del ecosistema protegido de frontera a frontera del Istmo.
La extracción de oro aluvial
en los ríos es una forma de lavar dinero, según el exdirector de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente, Samuel Valdés.
Explicó que el modus operandi
de los delincuentes es reclutar indígenas de la etnia Ngabe Buglé, a los que
les suministran motobombas para extraer el mineral de los ríos, que luego les
compran y funden para hacer prendas, como una vía para blanquear capitales.
La confirmación de que el
crimen organizado está detrás de tales actividades, fueron las declaraciones de
Belsio González, director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quien
aseveró que Coclé del Norte (como se nombra la zona) es ‘un área de incidencia
del narcotráfico’, lo cual se podría considerar un tema de seguridad nacional.
Operativos con efectivos de
Senan y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), permitieron decomisar
más de 130 motobombas y detectar a inmigrantes ilegales, además de invasores
locales, pero posteriormente reciben nuevos equipos para continuar sus labores
delictivas.
Una foto aérea tomada por el
periódico, muestra un claro en medio de la frondosa jungla, donde la
deforestación creada por humanos delata la tala indiscriminada, que junto a
creación de espacios agrícolas con malas prácticas, denuncia la invasión del
entorno protegido.
La investigación periodística
aseguró que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), entre
2012 y 2014 vendió parcelas de bosques vírgenes a foráneos y locales ‘a precios
absurdos’, en Coclé del Norte y la vecina San José del General, ambos del
distrito de Donoso, en la provincia de Colón.
En marzo de 2009, una
resolución ambiental declaró la zona como ‘área protegida’, pero el entonces
magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna ordenó su
suspensión provisional.
El letrado cumple actualmente
una condena de cinco años de prisión, por actos de corrupción admitidos por él,
bajo el compromiso con el tribunal de diputados parlamentarios que lo juzgó, de
no continuar la investigación.
En abril de 2014, en un
encuentro de estamentos de seguridad de Colombia y Panamá, el entonces director
del Senafront, Frank Ábrego, reveló que en Coclé del Norte se detectaron
personas dedicadas a la minería ilegal y su contrabando transfronterizo,
probablemente financiados por narcotraficantes, recordó la fuente.
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